El federalismo fiscal no funciona: es una Argentina federal para repartir el gasto pero unitaria para acaparar recursos. Así se convierte en un mecanismo obsoleto que convierte a las provincias en cortesanas de la Nación, corrompiendo el diseño federal de la República Argentina. Los Kirchner aborrecen los '90 pero mantienen el sistema vigente desde entonces, situación que pone en duda todo el discurso K:
En el último tiempo, la aceleración del deterioro fiscal en las provincias ha hecho resurgir el debate en torno al Esquema del Federalismo argentino, básicamente en lo relacionado a la distribución de los recursos entre niveles de gobierno.
Un punto álgido del conflicto se registró durante la semana pasada, a partir de la presunta “insuficiencia” en la asistencia financiera del Gobierno Nacional a la Provincia de Buenos Aires, ya que de los $2.800 millones que había solicitado la gobernación, sólo fueron girados unos $1.000 millones, hecho que desencadenó en el desdoblamiento en cuatro etapas del pago del medio aguinaldo.
En paralelo a esto, otras jurisdicciones como Córdoba y Santa Fe han presentado reclamos relacionados a la falta de financiamiento de los déficits de las cajas previsionales, los cuales deben ser financiados por la Nación en base a los acuerdos firmados oportunamente.
Lo que se pone en evidencia es que la problemática fiscal no se circunscribe a la provincia de Buenos Aires, sino que abarca, con raras excepciones, todo el territorio de nuestro país. Uno de los gatilladores de la actual crisis ha sido la fuerte caída en la tasa de crecimiento de la coparticipación, fuente que financia el 45% de los presupuestos provinciales en promedio, llegando en algunos casos hasta el 76% de los mismos.
Una Argentina federal para repartir el gasto, unitaria para acaparar recursos
A principios de la década del '90, las necesidades financieras del Gobierno Nacional, generadas principalmente por los déficits recurrentes del Sistema Nacional de Seguridad Social, dieron lugar a un proceso de creación, modificación y eliminación de impuestos nacionales, de afectaciones previas a la distribución entre la Nación y las provincias de determinados impuestos para fines específicos (pre-coparticipaciones), así como a la firma de diversos Pactos Fiscales que impusieron un límite superior o “techo” a las transferencias provinciales en el período 1992-2002.
Este conjunto de reformas alteró, en detrimento de los gobiernos subnacionales, los coeficientes de distribución primaria previstos en la Ley de Coparticipación Nº 23.548 sancionada en 1988.
En consecuencia, a partir de 1992 (año en que se asigna al SIJP el 20% del Impuesto a las Ganancias) los porcentajes de distribución de la masa coparticipable pasaron a ser en la práctica, del 51% para la Nación (que por ley es del 42%) y del 48% para las provincias (legalmente les corresponde el 57%3), de manera que las provincias cedieron sistemáticamente ingresos derivados de la recaudación nacional.
Incluyendo la totalidad de los recursos tributarios netos de seguridad social (masa coparticipable + comercio exterior y otros no coparticipados), vemos que la participación efectiva de las provincias se ha reducido del 46% al 34% durante los últimos 20 años, a razón de un promedio de 0.6 puntos porcentuales anuales.
Así, producto de las reformas inducidas por el Gobierno Nacional, las provincias han dejado de percibir 12 puntos porcentuales de la masa de recursos tributarios nacionales, los cuales han pasado a ser, en gran medida, destinados a la ANSeS. Si se incluyen los fondos de la seguridad social, el coeficiente provincial cae al 26%, y al 25% si se incluye únicamente lo coparticipado por Ley 23.548 y modificatorias.
Si bien las modificaciones introducidas durante los '90 dieron inicio a la concentración de los recursos a nivel central, una nueva ola de reformas llevadas adelante en el Siglo 21 terminaron desequilibrando aún más la distribución de recursos a favor de la Nación: en esta lista se incluye la creación del impuesto a los débitos y créditos bancarios (2001), la reincorporación de los derechos a las exportaciones (2002), y la (re)estatización del régimen privado de previsión social (2008).
Los primeros dos son coparticipados marginalmente en tanto que los impuestos sobre los salarios son recaudados en su totalidad por la ANSeS.
En paralelo a esta dinámica de los recursos, las reformas relativas a las participaciones en la estructura de gasto consolidado también perjudicaron a los fiscos subnacionales, a través de un aumento en sus funciones y responsabilidades de prestación de servicios.
A inicios de los `90 (Pacto Fiscal II) se retomó el proceso de descentralización de las responsabilidades de gasto, a través de la transferencia a la órbita provincial de la mayoría de los servicios nacionales de hospitales, educación media y técnica, y algunos programas sociales.
