29 de agosto de 2011

Cerrarían la causa por la escandalosa pelea entre Morgado y Rachid


Shut the cause for the shocking fight between Morgan and Rachid

El fiscal Carlos Rívolo firmó un dictamen en el que recomendó desestimar la denuncia de Claudio Morgado contra su ex compañera, María Rachid, y archivar el expediente.

El fiscal Carlos Rívolo recomendó el cierre de la causa que se abrió para investigar la pelea pública que mantuvieron los ex directivos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) Claudio Morgado y María Rachid (ver notas relacionadas).

Según trascendió en los tribunales federales, Rívolo firmó un dictamen en el que recomendó desestimar la denuncia de Morgado y archivar el expediente.

Ahora, el juez Ariel Lijo, a cargo de la causa, tiene la posibilidad de acompañar esta recomendación y ordenar su cierre, ya que el fiscal, impulsor de la pesquisa, no encontró ningún delito para investigar.

Morgado había denunciado a su ex colaboradora por delitos que incluían "amenazas, privación ilegítima de la libertad y usurpación del espacio público", entre otros cargos.

Morgado también reclamó investigar a Rachid por la designación de personal en el INADI y por la supuesta sustracción de documentos, en medio de acusaciones a la ex vicepresidenta del organismo por presuntamente pretender minar su poder.

En tanto, Rachid, quien fue referente de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, denunció que Morgado utilizaba fondos públicos de la llamada "caja chica" del INADI en beneficio propio.

Según Rachid, Morgado nombró supuestos "ñoquis" y habría realizado transferencias millonarias de dinero sin destino justificado, entre otras cuestiones.

Esas acusaciones judiciales llegaron después de un escándalo desatado en la sede de Moreno 750 de esta capital, donde funciona el Instituto Nacional contra la Discriminación y Xenofobia, que derivó en la llamada a la comisaría segunda para que la policía frenara las agresiones.

Morgado renunció y luego lo hizo Rachid, mientras que el Gobierno ordenó la intervención del organismo, donde se dispuso una auditoría interna para esclarecer las denuncias.