Spain seeks more flexible labor laws
Empresarios y sindicatos no se pusieron de acuerdo para una reforma de la negociación colectiva de los convenios y el gobierno decidió ayer enviar al Parlamento un nuevo proyecto que reduce el plazo para renovarlos y permite suspender aumentos negociados si las empresas tienen problemas. Además, privilegia los convenios de empresa sobre los sectoriales. La reforma no convence a empresarios y sindicatos.
Uno de los puntos para crear puestos de trabajo, en medio de una crisis que ha hecho llegar casi hasta los cinco millones la cantidad de desocupados, consiste en transformar una legislación que ya tiene 20 años. Los economistas y la patronal insisten en que las normas son demasiado rígidas, encarecen los despidos y desestimulan a las empresas a contratar personal. La reforma estipula que las compañías con problemas puedan suspender los aumentos fijados por convenios para evitar despidos hasta que puedan normalizar su situación.
Para el movimiento de los “indignados”, la propuesta “sólo favorece a los empresarios”. Grupos de muchachos marcharon encadenados ayer simulando un mercado de esclavos en la Puerta del Sol.
Para el movimiento de los “indignados”, la propuesta “sólo favorece a los empresarios”. Grupos de muchachos marcharon encadenados ayer simulando un mercado de esclavos en la Puerta del Sol.
Una reforma clave es que se anteponen los convenios a nivel de empresa sobre los negociados a nivel sectorial. “Hemos alcanzado, creo, un equilibrio sustantivo entre la flexibilidad necesaria para crear empleo y la seguridad que los trabajadores quieren y tienen en España”, proclamó el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba. Este será el candidato único para sustituir a José Luis Rodríguez Zapatero como principal nominado a las elecciones generales de marzo de 2012.
También explicó que esos cambios favorecerán a las pequeñas y medianas empresas que son mayoría en España y las que más empleo originan.
También explicó que esos cambios favorecerán a las pequeñas y medianas empresas que son mayoría en España y las que más empleo originan.
El ejecutivo redujo a entre ocho y catorce meses el lapso que se concede a gremios y empresarios para negociar un convenio caducado. Un plazo muy inferior a los 20 meses propuestos originalmente por el gobierno.
Estas nuevas normas son una parte esencial de los planes de ajuste y austeridad que impulso el gobierno de José Zapatero abaratando los despidos, retrasando la edad de jubilación y disminuyendo el sueldo de los funcionarios.
