Sbatella accused of dereliction of duty, for late charges against Schoklender
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella fue denunciado hoy en la Justicia por presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público", a raíz de radicar un año después en los tribunales la denuncia efectuada contra Sergio Schoklender por dos legisladoras de la Coalición Cívica.
La causa recayó en el juzgado federal 9, a cargo interinamente de Sergio Torres, quien le girará actuaciones al fiscal en turno para que defina si promueve o no investigar a Sbatella.
La denuncia fue concretada hoy por el abogado José Lucas Magioncalda, titular de la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, contra el titular de la UIF por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
La acusación alcanza además a los otros "funcionarios vinculados a las actuaciones administrativas generadas con motivo de la denuncia efectuada por la diputada Elsa Quiroz en junio de 2010 respecto de las operaciones inmobiliarias del doctor Sergio Schoklender".
El artículo 249 del Código Penal establece que "será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio".
La denuncia cita declaraciones periodísticas de la diputada Quiroz, que acusó a la UIF de "mirar para el costado" y de no actuar con la "rapidez necesaria" frente al pedido que realizó hace un año para investigar al ahora ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo por supuestas irregularidades.
"La gravedad de los conceptos vertidos en los medios de comunicación por la diputada Elsa Quiroz y la repentina decisión de la UIF de remitir a la Fiscalía las actuaciones, una vez que la demora en cuestión tomara estado público, pareciera suficiente motivo como para investigar penalmente si existió una conducta dilatoria por parte de la máxima autoridad de la UIF", dijo el escrito.
Para el denunciante "resulta imprescindible determinar desde cuándo el análisis de la operación reportada se encontraba agotado, y por tanto, en condiciones de ser elevado al Ministerio Público".
"Si la remisión de los autos no fue una mera coincidencia, sino la consecuencia de que la situación relatada por la diputada Quiroz tomara estado público, entonces, significa que la investigación estaba en condiciones de ser elevada con anterioridad, más aún, teniendo en cuenta que la UIF tuvo un año para hacer sus evaluaciones desde que la diputada Quiroz realizara su denuncia", afirmó la denuncia.
La presentación judicial reclama entonces investigar "los hechos denunciados" y que "se apliquen las más severas sanciones a quienes resulten autores de los mismos".
